PODER JUDICIAL DESTACA LABOR DEL BUQUE PIAS LAGO TITICACA I EN ISLAS Y RIBERAS LACUSTRES DE PUNO

La presidenta de la Comisión de Acceso a la Justicia del Poder Judicial, jueza suprema Janet Tello Gilardi, destacó la labor que brinda la Plataforma Itinerante de Acción Social (PIAS) Lago Titicaca I en beneficio de las comunidades asentadas en las islas y riberas lacustres de la región Puno.

“Estamos aquí, navegando en el lago más alto del mundo, con nuestro juez de  paz de Puno (Edwin Quispe Rocha) y representantes de otras instituciones del Estado, por lo que ahora nos queda seguir liderando la justicia itinerante en esta nueva forma de impartir justicia”, señaló la magistrada.

Como se recuerda, la semana pasada el Ejecutivo publicó el Decreto Supremo 12-2024-JUS, el cual aprobó el reglamento de la Ley 31968 sobre Justicia Itinerante, impulsada por la Comisión de Acceso a la Justicia.

Desde junio del presente año, el Tercer Juzgado de Plaza Letrado de Puno y otros órganos jurisdiccionales han participado en diversas campañas de acción social con el PIAS Lago Titicaca I en las islas Taquile y Amantani, así como poblaciones circunlacustres de las provincias de Puno, Moho y Yunguyo.

Tello Gilardi visitó el buque de la Marina de Guerra del Perú Lago Titicaca  I acompañada de la jueza suprema Emilia Bustamante Oyague y del presidente de la Corte de Puno, Francisco Ticona Una.

Ambas magistradas participaron en el XI Encuentro Internacional de Poderes Judiciales del Perú e Iberoamérica y XIII Encuentro Nacional de Presidentas y Presidentes de Cortes y Responsables de Comisiones Distritales de Acceso a la Justicia realizado en la ciudad altiplánica. 

CONFERENCIA MAGISTRAL

En esta jornada nacional e internacional, Bustamante Oyague dictó la conferencia magistral “Acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes en el marco de los 35 años de la Convención sobre los Derechos del Niño”.

La magistrada señaló que un principio estructural importante de la Convención es el de la no discriminación sin importar sexo, color de piel, lengua que hablen, situación económica de sus padres o si padecen alguna minusvalía.

Remarcó también el interés superior del niño, principio medular que tiene que ver con que juezas y jueces tomen decisiones que sean mejor para su desarrollo y bienestar, por ejemplo en casos de Familia como los de tenencia y régimen de visitas.

En su ponencia, la jueza suprema también se refirió a otros principios estructurales como el de identidad, nombre y nacionalidad, reparación de los padres, traslados y retenciones ilícitas, reunión de la familia y la protección de los niños sin familia, entre otros.

Bustamante Oyague agradeció a la jueza Tello Gilardi, así como a los responsables distritales de acceso a la justicia por el trabajo realizado en favor de las personas en condición de vulnerabilidad.

ACTUALIZACIÓN DE PROTOCOLO

Durante el encuentro en Puno fue presentado, también, el documento Actualización del Protocolo de Atención Judicial de Personas con Discapacidad, con los aportes y visión del juez superior de Puno, Percy Lozada Cueva.

Previamente, la integrante de la Comisión de Acceso a la Justicia, jueza Maruja Hermoza Castro, sostuvo que la actualización del protocolo permitirá reforzar los principios de accesibilidad, respeto a la autonomía y protección de la dignidad y cumplir con la política multisectorial sobre discapacidad al 2030.

La magistrada señaló que el documento con la propuesta de actualización recibirá los aportes de las cortes superiores para que en un plazo de diez días envíen sus aportes a la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia.

En otro momento, el juez supremo Iván Guerrero López trató la ponencia “Género y trata de Petronas: aplicación de las Reglas de Brasilia en la protección de grupos vulnerables”.

Finalmente, el magistrado sostuvo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado, de manera reiterada, que la perspectiva de género es una herramienta clave para combatir la discriminación y la violencia contra las mujeres, así como de las personas LGBTI, especialmente en casos de trata.

Puno, 13 de noviembre de 2024.