La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República reeligió este viernes a la jueza Elvia Barrios Alvarado y al juez Ramiro Antonio Bustamante Zegarra como sus representantes ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) para el periodo 2025-2027.

Esta votación tuvo lugar en sesión de Sala Plena de la más alta instancia del Poder Judicial, en el Palacio Nacional de Justicia, y contó con la presencia de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi.  

El CEPJ es el órgano de dirección y gestión del Poder Judicial que tiene a su cargo las funciones y atribuciones señaladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y asume la dirección técnico-administrativa de la institución judicial y de los organismos correspondientes.

Cabe señalar que el CEPJ está integrado por la o el presidente/a del Poder Judicial, quien lo preside y tiene voto simple y voto dirimente; dos jueces supremos elegidos por la Sala Plena de la Corte Suprema. 

RATIFICACIÓN

De otro lado, las presidentas y presidentes de las 35 cortes superiores de justicia del país reeligieron al juez superior Johnny Manuel Cáceres Valencia como su representante ante el CEPJ para el periodo señalado.

En tanto que las juezas y jueces especializados y mixtos de los distritos judiciales de todas las cortes del país le renovaron su confianza a Carlos Alberto Zavaleta Grández como integrante del CEPJ.

GESTIÓN DE LA COMISIÓN DE TRABAJO DEL EJE 2023-2025

En menos de dos años, la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico (EJE) ha dado un salto histórico en la modernización de la justicia peruana, llevando a un 48 % de los órganos jurisdiccionales del país a tramitar procesos en entornos virtuales. Este avance coloca al Poder Judicial en la ruta de consolidar un sistema más ágil, transparente y centrado en el ciudadano.

Entre agosto de 2023 y el primer semestre de 2025, el EJE sumó 1414 órganos jurisdiccionales implementados, con coberturas sobresalientes: el 74 % en materia no penal y el 80 % en juzgados mixtos. Este despliegue ha priorizado especialidades con alta demanda social como alimentos, violencia familiar, laboral y procesos constitucionales.

• Hitos en la implementación

Ingreso de la especialidad Laboral Contencioso Administrativo Laboral y Previsional (PCALP) en siete cortes superiores, beneficiando a miles de pensionistas y personas con procesos previsionales.

Interoperabilidad con el Tribunal Constitucional para procesos de amparo en Cusco y Arequipa, fortaleciendo la justicia constitucional digital.

Mesa de Partes Electrónica en la Corte Suprema, permitiendo presentar escritos las 24 horas y los 7 días de la semana.

Piloto en materia penal para el Proceso Especial de Flagrancia en la Corte Superior de Lima Sur.

• Resultados medibles

1 978 477 expedientes electrónicos gestionados a junio de 2025, lo que representa el 44.22 % del total de expedientes judiciales.

Reducción de hasta 48 % en los plazos procesales, pasando de 127 a 66 días en primera instancia y de 179 a 98 días en segunda.

62 millones de notificaciones electrónicas enviadas en el último año y medio, con un crecimiento del 45 % respecto al periodo anterior.

202 797 casillas electrónicas activas, facilitando la interacción digital entre justiciables y tribunales.

• Impacto social y económico

El uso del EJE y la Mesa de Partes Electrónica ha permitido que los usuarios ahorren en promedio 21 horas mensuales y S/ 240 en traslados. Además, el 78.7 % de los encuestados calificó positivamente su experiencia con estos servicios digitales.

• Cultura digital y capacitación

La estrategia de transformación ha incluido un fuerte componente formativo: sólo entre agosto de 2023 y junio de 2025 se capacitaron 36 322 personas, logrando un crecimiento del 92 % respecto al periodo anterior. En total, desde el inicio del EJE se han formado 75 782 usuarios, de los cuales el 61 % son externos (abogados, ciudadanía, instituciones) y el 39 % internos (magistrados y personal jurisdiccional).

La Comisión de Trabajo del EJE se consolida como el motor de la transformación digital del Poder Judicial, articulando tecnología, eficiencia y enfoque ciudadano. Los resultados obtenidos no sólo evidencian mejoras internas, sino también un impacto directo en el acceso a la justicia, la reducción de brechas y la generación de valor público. El reto inmediato: cerrar la brecha para que la justicia digital sea una realidad en el 100 % del país.

Lima, 8 de agosto de 2025