El Poder Judicial continúa fortaleciendo su proceso de modernización y transformación digital con la ampliación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica (MPE) en la Corte Superior de Justicia de Lima, gracias a la Resolución Administrativa n.º 000369-2025-CE-PJ, aprobada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

La implementación, que entró en funcionamiento el 6 de octubre, abarca los procesos civiles bajo la especialidad de oralidad en la sede Basadre, donde operan los juzgados civiles 2.º, 9.º, 19.º, 26.º, 27.º, 29.º, 36.º y 37.º. Con esta ampliación, la Corte de Lima suma 172 órganos jurisdiccionales con EJE y MPE, consolidando su liderazgo en el uso de herramientas digitales para una justicia más ágil, transparente y accesible.

A nivel nacional, 1455 órganos jurisdiccionales ya cuentan con estas plataformas digitales, lo que representa un avance sustancial en la digitalización de los procesos judiciales. Actualmente, el 45 % de los procesos judiciales en las especialidades implementadas se tramitan electrónicamente, lo que equivale a más de dos millones de expedientes digitales.

Asimismo, el uso del sistema ha generado un incremento del 118 % en el registro de casillas electrónicas, superando los 205 mil usuarios, y un crecimiento del 1190 % en las notificaciones electrónicas, con más de 204 millones realizadas a la fecha. 

Estas cifras reflejan el impacto positivo del EJE y la MPE en la celeridad procesal y la transparencia judicial, reduciendo tiempos, costos y desplazamientos para los justiciables.

Este importante avance es fruto del trabajo articulado de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico, presidida por la jueza suprema Elvia Barrios Alvarado, y del constante apoyo técnico y operativo de la Secretaría Técnica del EJE, que lidera la estrategia de transformación digital del Poder Judicial.

Con estas acciones, el Poder Judicial reafirma su compromiso con una justicia moderna, eficiente y al servicio del ciudadano, consolidando un sistema que garantiza el acceso equitativo y oportuno a la justicia en todo el país.

Lima, 15 de octubre de 2025